Aunque la Universidad de Colima (Ucol) no fue mencionada entre las instituciones educativas implicadas en la investigación de la llamada “Estafa maestra”, también firmó un contrato multimillonario con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el que, según exdirigentes sindicales, se detectó un modus operandi similar.

Y a pesar de que desde hace más de un año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó estas anomalías, hasta ahora el ISSSTE y la institución académica no han ofrecido una explicación pública sobre este negocio.

Mediante el contrato AD-CS-DA-SRMS-305/2014, adjudicado de manera directa y con vigencia del 24 de noviembre de 2014 al 23 de noviembre de 2017, la Ucol se comprometió a proporcionar al ISSSTE el “servicio de administración, desarrollo, mantenimiento y soporte de aplicaciones (ADMA) con la Unidad de Mantenimiento y Desarrollo de Software”, con un presupuesto máximo de 555 millones 753 mil 774 pesos y mínimo de 130 millones 945 mil 581 pesos.

Sin embargo, en su informe de revisión del ejercicio fiscal 2014, dado a conocer el año pasado, la ASF exhibió que la universidad firmó el contrato sin cumplir con el perfil necesario para ofrecer el servicio, pues las evidencias mostradas fueron consideradas insuficientes para acreditar que sus actividades y objetivo social le permitían desarrollar el proyecto.

El organismo fiscalizador también descubrió inconsistencias y pagos injustificados al proveedor (la Ucol), así como algunas limitaciones de este último para garantizar los trabajos, pues en materia de certificación de tecnologías sólo se acreditaron las habilidades de 20% de los recursos humanos, y en el caso de las “Certificaciones de PMP” (Director de Proyectos), sólo 5% del personal contaba con ella.

Tras la revisión, la ASF determinó que se incumplieron las condiciones contractuales estipuladas y hasta ese momento se generaron pagos injustificados por 766.1 miles de pesos, sobre los cuales se informó a la instancia de control competente mediante el oficio número DGATIC-366/2015 del 2 de diciembre de 2015.

De igual manera, el organismo dio a conocer que pidió al Órgano Interno de Control del ISSSTE investigar y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no acreditaron las actividades comerciales y profesionales, ni el objetivo social del proveedor para prestar los servicios, además de que no verificaron que los entregables identificados en las actas de entrega-recepción fueran recibidos.

No obstante, hasta la fecha se ignora el estado que guardan las investigaciones al interior del ISSSTE, mientras que la institución educativa ha mantenido este asunto prácticamente en secreto.

Leonardo César Gutiérrez Chávez, exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), considera que “falta mucho por dilucidar en este caso, que encuadra de manera muy clara en la ‘Estafa maestra’, pues sin tener la capacidad ni el perfil adecuado, la casa de estudios se prestó a suscribir ese convenio, para el que seguramente tuvo que subcontratar empresas privadas que podrían ser fantasmas, y ahí es donde está el negocio, tendría que aclararse a dónde fue a parar el dinero”.

El hecho de que la universidad colimense no haya sido mencionada entre las implicadas en la investigación periodística es porque, como lo dijeron muy claro los autores, no hubo el tiempo ni los recursos suficientes para revisar todos los casos, comenta el exdirigente sindical.

En los informes financieros de la Ucol correspondientes a los años de vigencia del contrato con el ISSSTE no se especifican con claridad los recursos económicos provenientes de éste, pero Gutiérrez Chávez presume que se les dio entrada a través de la partida de ingresos propios y salieron mediante el rubro de servicios generales.

Los documentos obtenidos por Leonardo Gutiérrez en instancias federales mediante solicitudes vía ley de transparencia revelan que en 2014 la institución reportó ingresos propios por 370 millones de pesos, un año después la cifra se elevó sin mayores explicaciones a 887 millones y en 2016 el monto fue de 563 millones.

En lo que se refiere al apartado de servicios generales, en 2014 la universidad pagó 409 millones de pesos, cantidad que en 2015 creció a más del doble: 954 millones, y un año después fue de 805 millones.

Para Leonardo Gutiérrez resulta curioso que en los años 2015 y 2016 los gastos de la Ucol por servicios generales igualaron o hasta rebasaron los montos totales del salario base de los 4 mil 500 trabajadores:

“No hay transparencia, ahí hay algo muy turbio, es mucho dinero y no fueron compras, sino servicios técnicos y profesionales; no se sabe a quién o a qué empresas les pagaron ese dinero, aunque se supondría que una universidad tiene el personal técnico y el personal profesional para hacer este tipo de trabajo”.

Por su parte, José Miguel Rodríguez Reyes, dirigente fundador del Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios (SITU), considera que existen inconsistencias muy notorias en las partidas de ingresos propios y servicios generales de un año a otro.

“Para empezar —reflexiona— habría que ver qué servicios puede ofrecer una universidad que valgan tantos millones, ojalá fueran servicios legítimos, pero como no se sabe quiere decir que es algo que es importante aclarar. El dinero salió como entró, no se aprecia que haya existido un beneficio a la universidad; parece que la institución hubiera sido un agente pagador de un tercero, como hacen las compañías de outsourcing, parece que la universidad sólo prestó su nombre; es una suposición, porque no sabemos realmente qué pasó”.

Al respecto, Leonardo Gutiérrez señala que ha sido muy evidente la opacidad y la falta de información en torno al contrato entre el ISSSTE y la Ucol, por lo que insiste en que la universidad debe rendir cuentas por este asunto que ni siquiera fue sometido a la discusión y aprobación del Consejo Universitario, pues el papel de la institución académica no es dar ese tipo de servicios, sino enfocarse al desarrollo de la docencia, la buena enseñanza, la buena investigación y la buena extensión y difusión de la cultura.

Refiere, sin embargo, que después del escándalo generado por la revelación de la “Estafa maestra”, que involucró a dependencias federales y a una decena de universidades del país, “tal parece que la orden fue parar todo, tan es así que corrieron a la doctora Muna Dora Buchahin Abulhosh, funcionaria de la Auditoría Superior de la Federación que traía este tema, porque efectivamente estaba yendo a fondo sobre este caso, y a nosotros nos queda muy claro que hay complicidades de las autoridades con los directivos universitarios y eso es grave”.

Leonardo Gutiérrez y José Miguel Rodríguez forman parte de un grupo de académicos despedidos de la Universidad de Colima en los últimos años, después de haber participado en un movimiento, que incluyó una huelga de hambre, mediante el que exigían transparencia en el manejo del fondo de pensiones de la institución educativa.

Además de ellos, las autoridades universitarias rescindieron los contratos a los profesores Pedro Vidrio Pulido, Teresa Hernández Ortiz, Hugo Marcelino Coronado Carreón, Yanalum Cerda Guzmán, Héctor Jesús Lara Chávez y Sergio Humberto Elenes Cepeda.

Gutiérrez Chávez advierte que después de siete años de que se inició el movimiento por la transparencia del Fondo Social de Apoyo al Pensionado (Fosap), el uso de los recursos continúa en la opacidad, de manera unilateral por parte de las autoridades universitarias, sin cumplir el reglamento ni tomar en cuenta al sindicato.

Añade que a pesar de que en los informes financieros consta que en los últimos años el pago de la nómina de pensionados y jubilados proviene de recursos federales o estatales, no hay evidencias de que se deposite en las cuentas del Fosap el 5% que se descuenta del sueldo de los trabajadores activos ni la aportación del 10% a la que están obligadas las autoridades universitarias.

Gutiérrez Chávez indica que de acuerdo con información obtenida de la ASF, en ningún momento se ha realizado alguna auditoría al Fosap, además de que al solicitarles información vía transparencia, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria manifestaron que la Ucol no tiene registrado el fideicomiso del fondo de pensiones.

Dice que los informes financieros de la Ucol obtenidos en diversas instancias federales “nos ha permitido tener información que sustenta lo que hemos denunciado: la Universidad de Colima desvía los recursos del Fosap”.

Según el exdirigente sindical, en los últimos años, en lugar de aumentar los recursos del fondo de pensiones, éstos se han reducido considerablemente, a pesar de los subsidios gubernamentales recibidos por la institución para cubrir la nómina de jubilados y pensionados. Pone como ejemplo que en 2014 el saldo del Fosap era de 777 millones de pesos, pero en 2016, en lugar de incrementarse por las aportaciones de los trabajadores y la universidad, disminuyó a 597 millones.

Según un análisis realizado por Leonardo Gutiérrez y José Miguel Rodríguez sobre las cantidades que a su juicio debían haber ingresado a la cuenta del Fosap, “en el ejercicio fiscal 2015 se nota un faltante de 328.46 millones de pesos, al que debemos sumar el faltante de 117.54 millones de 2016, sumando un total de 446 millones de pesos faltantes en el Fosap en tan sólo dos años.

“Lamentablemente, las mismas prácticas se reproducen en años anteriores y posteriores. El desvío de recursos que no han sido transparentados asciende a la cantidad de más de mil millones de pesos, sin considerar los intereses generados”.

Gutiérrez Chávez considera que a pesar de las diversas revisiones que se han hecho al manejo general de los recursos de la Ucol se ha evidenciado que “sigue existiendo mucha simulación y complicidad entre la ASF y las instituciones”, pues en el caso de la cuenta pública 2016 “vuelve a manifestarse que la responsabilidad y la documentación es responsabilidad de la Ucol, pero no se hace una real auditoría para revisar peso por peso y nombre por nombre que efectivamente se haya gastado el presupuesto correctamente”.

Desde el punto de vista del exlíder sindical, las auditorías se quedan “muy cortas”, pues “no sacan la verdad plena, sino que son muy moderadas y tratan de justificar cosas injustificables, sin tomar en cuenta que una cosa es lo que se dice en los documentos y otra la realidad”.

Reportaje propiedad de APRO y foto facebook Colima

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here