La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala al gobierno de Guerrero de presunto daño al erario público, por pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) a empleados inexistentes, falta de comprobación de gastos del Congreso estatal y el Tribunal de Justicia, así como de transferencias de recursos a Acapulco y cambios de cuentas bancarias sin justificación.
En su última entrega de la Cuenta Pública 2017 también hace observaciones a los gobiernos municipales de Acapulco y Chilpancingo, por gastos sin comprobación.
La ASF dio a conocer el pasado 20 de febrero la tercera y última entrega de la Cuenta Pública 2017, que se encuentra en la página web del órgano regulatorio.
En la auditoría 932 se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, de mil 48 millones 550 mil 360.18 pesos, del gobierno estatal por la falta de comprobantes del gasto de las participaciones federales, cuyos ejecutores son el Congreso local y al Tribunal de Justicia del estado.
En el documento se especifica que, de acuerdo con el gasto reportado en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2017, el gasto del Congreso fue de 430 millones 916 mil pesos y del Tribunal de 617 millones 634 mil pesos. Agrega que la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal, “proporcionó información relativa a la transferencia del recurso al Tribunal de Justicia del Estado de Guerrero, mas no la comprobación de la ejecución del mismo”.
En la misma auditoría se presume otro daño, de 2 millones 552 mil, por el pago con recursos de las participaciones federales de dos camiones de basura marca Freightliner FL360, modelos 2018, color blanco; con números de serie JLMBBG1S0JK000274 y JLMBBG1SXJK000279, “los cuales durante la verificación física no se encontraron”.
Las participaciones federales a Guerrero sumaron 17 mil 90 millones 96 mil pesos, de los cuales 13 mil 416 millones 896 mil pesos corresponden al gobierno del estado y 3 mil 673 millones 199 mil pesos a los municipios.
La ASF concluye en esta auditoría que “el gobierno del estado de Guerrero no realizó, en general, una gestión eficiente de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas.”
En la auditoría 938, la ASF señala que hizo una verificación física de 177 centros de trabajo en Guerrero, financiados con los recursos del Fone 2017, donde no se encontraron a 162 empleados adscritos durante el ejercicio fiscal de 2017 y que recibieron pagos por 32 mil 500 pesos.
Debido a esto, se señala un probable daño al erario público de 32 millones 499 mil 987.74 pesos.
En el mismo documento se informa de otro presunto daño, por un monto de 5 millones 314 mil 526.73 pesos, por haber realizado pagos con recursos del Fone a trabajadores posteriores a su fecha de baja de la dependencia.
Se especifica que “la SEP realizó mil 863 pagos indebidos al gobierno del estado de Guerrero por cuenta y orden de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG)”, por el monto mencionado a 679 trabajadores posteriores a su fecha de baja de la dependencia, los cuales contaron con 986 plazas, adscritos en 603 centros de trabajo.
En total, los recursos del Fone entregados por el gobierno federal a Guerrero ascendieron a 16 mil 710 millones 739 mil pesos en 2017.
En la auditoría 928, la ASF señala que al gobierno estatal se le entregaron 844 millones 500 mil pesos para el Programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) en 2017.
Agrega que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) contrató siete cuentas bancarias para la administración de esos recursos, de las cuales “se constató que a tres de ellas no les dio uso específico, toda vez que incorporaron recursos de otras fuentes de financiamiento, por la cantidad de 27 millones 407 mil 400 pesos”.
Detalla que al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) le fueron transferidos 9 millones 556 mil pesos de un convenio, por lo que abrió una cuenta bancaria, a la que “no dio uso específico, ya que incorporó recursos de otras fuentes de financiamiento por 188 mil pesos”.
Debido a esta situación, se realizaron diversas observaciones por probable daño al erario público. En la primera la cifra asciende a 5 millones 788 mil 567.55 pesos, “por transferir recursos del programa U080 a cuentas bancarias distintas. En su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del programa U080”.
En la segunda observación se señala un probable daño al erario público de 156 millones 910 mil 719.04 pesos “por no disponer de la documentación comprobatoria y justificativa de diversas nóminas pagadas por la SEG, con recursos del programa U080”.
Por último, se informa de un presunto daño de 64 millones 28 mil 495.62 pesos “por pagar nóminas del Cobach con recursos del programa U080, sin disponer de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, de acuerdo con el Convenio de apoyos financieros extraordinarios no regularizables”. Dicha cantidad fue transferida a este sistema educativo “para lo que abrió una cuenta bancaria a la que no se le dio uso específico, ya que transfirió el total de los recursos a otra cuenta bancaria”.
En la auditoría 1709 se señala que el gobierno estatal realizó convenios de transferencias de recursos federales a Acapulco por 215 millones 152 mil 800 pesos, del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) 2017, “de los cuales se desconoce su destino y aplicación, debido a que no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente”. El presunto daño al erario público es la cantidad mencionada.
En cuanto a la fiscalización al gobierno municipal del puerto, en la auditoría 945 se señala un presunto daño de 5 millones 206 mil 983.93 pesos, debido a que el Ayuntamiento no dispone de la documentación comprobatoria de 12 acciones pagadas con recursos de las participaciones federales a municipios del 2017, entre las que se encuentran “adquisición de combustible y lubricantes”, “publicidad correspondiente al mes de abril 2017”, “servicio de publicidad con cargo al Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal 2017”, entre otras.
También se señala otro daño por 36 millones 602 mil 665.33 pesos, por la falta de documentación de 14 adquisiciones y/o servicios pagados con recursos federales.
En la misma auditoría se menciona otro probable daño, de 275 mil 583.16 pesos, por no contar tampoco con documentación del uso de recursos federales en la compra de paquetes de mochilas y útiles escolares.
Las participaciones federales a Acapulco fueron en total mil 41 millones 76 mil pesos.
Otro municipio del estado con observaciones en esta última entrega de la ASF es Chilpancingo, a cuyo gobierno se le señala por un probable daño al erario público de 9 millones 972 mil 390 pesos, provenientes de los recursos de las participaciones federales a los municipios y que no cuentan “con la documentación justificativa y comprobatoria original que acredite la aplicación y destino de los recursos asignados de las participaciones municipales”.
Además se señala otro daño, por un millón 826 mil 239.25 pesos, debido a que estos pagos realizados “por concepto de servicios personales no cumplieron con las disposiciones fiscales correspondientes, toda vez que no fueron notificados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”.
En total, la capital del estado recibió 216 millones 219 mil pesos en participaciones federales.

Con información cortesía de El Sur (Diario de Guerrero) y foto cortesía

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