La modificación en la Reforma educativa que se aprobará en la semana sobre el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se encuentra localizada en la fracción novena del artículo tercero constitucional, en donde la reforma educativa de Peña Nieto había establecido al INEE como “un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio” y enumeraba sus facultades y atribuciones.

En su lugar, la reforma propuesta plantea un nuevo organismo público descentralizado –que aún no tiene nombre– con “autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado”.

Estas serían las facultades de este nuevo organismo:

a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional.
b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación.
c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias autorizadas para la certificación de los procesos de la mejora continua de la educación.
d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar.
e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia.
f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación especial y de adultos.
g) Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema Educativo Nacional.

El organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo Ciudadano. La Junta Directiva se integrará por cinco personas que durarán en su encargo siete años en forma escalonada y serán nombradas por el Senado, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva y estará integrado por siete personas que durarán en el encargo cinco años en forma escalonada y serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación deberán ser especialistasen investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa; y no deben tener vínculos con ningún partido político.

Con información de la Jornada y foto cortesía

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