En dos análisis realizados a los fondos para educación por el Gobierno del Estado de Baja California en el ejercicio fiscal 2017, la Auditoría Superior de la Federación encontró 21 millones de pesos en recursos no ejercidos, más de 4 millones de pesos pagados a aviadores y determinó que las escuelas “registran mayores carencias de infraestructura y equipamiento”

De la revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los recursos federales que el Gobierno del Estado de Baja California ejerció durante el año fiscal 2017, se desprenden dos informes de fondos destinados a educación pública.

Se trata del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), ambos publicados en febrero de 2019 como parte de la tercera entrega de resultados de la ASF.

Por medio del FONDE, Baja California recibió 11 mil 235 millones 707 mil pesos, convirtiéndolo en una de las principales fuentes de financiamiento en el sector educativo. Mientras que para Escuelas de Tiempo Completo, fueron transferidos 285 millones 494 mil pesos.

Los hallazgos de irregularidades en ambos casos son similares. Millones de pesos destinados a salarios de personal que sólo aparece en la nómina, pero no se presenta a laborar, más de 30 millones de pesos cuya aplicación no se pudo comprobar y subejercicios, principalmente.

Estas auditorías revelan los malos manejos financieros que la administración de Francisco Vega de Lamadrid ha hecho con los fondos educativos. Apenas en diciembre de 2018, docentes y personal educativo tomaron oficinas estatales para encabezar paros laborales en exigencia del pago de sus salarios.

Uno de los principales reclamos que ha enfrentado “Kiko” Vega han sido los de los profesores.

MILLONES PARA AVIADORES

Con los más de 11 mil millones de pesos de recursos que el Gobierno del Estado de Baja California recibió a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, se cubrió el 42.4 por ciento del total de salarios de personal educativo, así como los gastos del 47.5% de las escuelas y se atendió al 50.8% de la matrícula de estudiantes de niveles preescolar, primaria y secundaria.

Del total de recursos, la ASF revisó una muestra del 96.5%, equivalente a 10 mil 842 millones 101 mil pesos.

A partir de esa muestra, el equipo de auditores determinó “recuperaciones por 51 millones 185 mil 693 pesos. En el transcurso de la revisión, se recuperaron recursos por 22 millones 884 mil 945 pesos”.

Esto significa que, en un principio, el Gobierno de Baja California no pudo comprobar la adecuada aplicación de más de 51 millones de pesos y sólo pudo solventar alrededor de 22 millones de pesos, por lo que hasta el momento sigue pendiente por aclarar un monto de 28 millones 300 mil 748 pesos, los cuales se catalogan como “recuperaciones probables” y, mientras tanto, se consideran “daño a las finanzas públicas”.

De igual forma, en el documento final, la ASF determinó: “En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias en la normativa por un importe de 28 millones 300 mil pesos…”.

En uno de los casos específicos, la Auditoría “presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 7 millones 187 mil 858 pesos, ya que se realizaron mil 502 pagos indebidos por cuenta y orden del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) a 327 trabajadores después de la fecha de su baja, los cuales contaron con 491 plazas y estuvieron adscritos a 241 centros de trabajo”.

El dictamen también señala un probable daño o perjuicio a la Tesorería de la Federación por 4 millones 586 mil 878 pesos, ya que el ISEP realizó mil 76 pagos a 221 trabajadores que se encuentran como personal comisionado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Además, durante la verificación física de 232 centros de trabajo, la ASF no localizó a 128 empleados, quienes recibieron pagos por 16 millones 526 mil pesos durante 2017.

Según el documento, tal situación no pudo ser aclarada ni justificada por el ISEP en el periodo correspondiente.

Con información de Semanario Zeta y foto cortesía El Informante

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