Los auditores de la Auditoría Superior de la Federación en Baja California aplicaron 150 cuestionarios a docentes de planteles educativos públicos en el Estado para conocer su opinión sobre las condiciones de los centros y la calidad de la educación, así como de la gestión escolar.

En ese aspecto, el 75.3% de los 150 docentes indicaron que “los planteles educativos no cuentan con recursos informáticos suficientes, disponibles para los alumnos, para elevar el desempeño educativo”.

Mientras que el 80.7% considera que los cursos de capacitación que reciben, no son adecuados y no están orientados a mejorar la calidad.

En resumen, la ASF halló que en Baja California “las escuelas (públicas) registran mayores carencias de infraestructura y equipamiento”.

En un análisis más detallado sobre la calidad de la educación pública, un apartado del documento indica: “Se registran insuficiencias, específicamente en los resultados de las pruebas de aprendizaje en primaria y secundaria”.

Además, “no se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar y secundaria; la eficiencia terminal en secundaria registra un 85.9 por ciento”, detalla.

Sin embargo, en otros aspectos como la reprobación y el abandono escolar en los mismos niveles educativos, los porcentajes se consideran bajos, con índices del 11.3 y 4.5%, respectivamente.

MÁS RECURSOS MAL EJERCIDOS EN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

El programa de Escuelas de Tiempo Completo, de la Secretaría de Educación Pública, tiene como objetivo la ampliación de la jornada escolar para que alumnos de educación básica mejoren en aprendizaje, y a la par, disminuyan los índices de deserción escolar.

Durante 2017, operaron 488 escuelas de este tipo en Baja California, el mismo número que en 2016. Los alumnos que acuden a estos planteles representan el 13% de la matrícula de educación pública en todo el Estado, con un total de 79 mil 527 alumnos, según información al momento de la realización de la auditoría.

Para financiar el programa, Baja California recibió 285 millones 494 mil pesos de recursos federales para el ejercicio fiscal 2017. De ese monto, la ASF revisó un importe de 282 millones 595 mil pesos, lo cual representó el 99%.

Al 31 de diciembre de 2017, la administración estatal no había devengado 733 mil 900 pesos de estos recursos y, al final de la auditoría, el organismo determinó recuperaciones probables por 15 millones 418 mil 445 pesos.

En el transcurso de la revisión, se recuperaron recursos por 8 millones 432 mil 095 pesos, por lo que quedaron pendientes 6 millones 986 mil 400 pesos por comprobar.

El documento refiere que “el gobierno de Baja California tampoco cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de estos recursos, puesto que la información relacionada con el tercer trimestre del ejercicio 2017 no fue enviada ni publicada”.

Por otra parte, los auditores comprobaron que “del periodo de octubre a diciembre de 2017, el Estado retuvo 3 millones 11 mil pesos, de los cuales retuvo indebidamente 2 millones 846 mil pesos a trabajadores por los apoyos prestados, sin que existiera la obligación de retener y enterar el ISR, este importe se transfirió de la cuenta del fondo al a cuenta pagadora de impuestos”.

Con información del Semanario Zeta y foto cortesía

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