En 2017, Baja California recibió 17 mil 773 millones 217 mil pesos en participaciones federales. Este rubro se puede aplicar tanto en pago de nómina como en servicios generales, obras públicas, subsidios, servicios y compra de inmuebles. Cada administración estatal decide en qué destinar tales recursos.

Por ejemplo, este año, con un adelanto de 600 millones de pesos de participaciones federales, el Gobierno del Estado planea pagar una parte de la deuda de más de mil millones de pesos con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

A partir de una revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se encontró que la administración de Francisco Vega de Lamadrid distribuyó los fondos para el ejercicio fiscal 2017 de esta manera:

* Servicios personales (salarios): 9 mil 934 millones 623 mil pesos (55.9 por ciento)

* Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: 6 mil 765 millones 751 pesos (38%)

* Servicios generales: 422 millones 553 mil pesos (2.4%)

* Materiales y suministros: 206 millones 25 mil pesos (1.2%)

* Bienes muebles, inmuebles e intangibles: 0 pesos

* Inversión pública: 0 pesos.

El grueso de los recursos se destinó al pago de salarios de personal, mientras que los rubros de adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles, así como inversión pública, quedaron sin recursos de estas participaciones.

Además, la ASF detectó que al 31 de diciembre de 2017, el Gobierno de Baja California registró un subejercicio de recursos por 450 millones 869 mil pesos, producto de los rendimientos financieros de los más de 17 mil millones transferidos.

Pero no fue la única anomalía, ya que al revisar las nóminas de personal sindicalizado y de confianza, específicamente las primeras catorcenas de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2017 y de los tabuladores de personal, “se determinó que se pagaron éstos por debajo de lo autorizado por 84 millones 430 mil pesos”.

En el caso de los docentes, tan sólo con una muestra de los sueldos de las nóminas pagadas al personal de magisterio de las quincenas de febrero, marzo y abril de 2017, los auditores concluyeron: “… se pagaron por debajo de lo autorizado por un millón 703 mil pesos”.

Aunado a ello, el gobierno estatal no presentó los tabuladores autorizados para estos conceptos, por lo que “no comprobó los pagos de cada uno de los conceptos de las nóminas de personal de magisterio con cargo a las participaciones 2017 por 6 mil 389 millones de pesos”, refiere el documento de la ASF.

Por otra parte, en la revisión de los conceptos de canasta básica y bono para transporte, a los cuales tienen derecho los empleados del Gobierno del Estado, “se determinaron diferencias entre lo autorizado en el tabulador y lo pagado, con 84 millones 100 mil pesos y 4 mil 665 millones, respectivamente”.

Con información de Semanario Zeta y foto cortesía

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