Punto de quiebre en la frontera

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Por: Dr. Luis Ernesto Salomón Delgado, catedrático e investigador de la UdeG

Las amenazas de Trump para cerrar la frontera son hechos esencialmente políticos, pero tienen consecuencias legales importantes. La secretaria de seguridad interna describió la situación con la frase: We are in breaking point, alegando una crisis de manejo debido la enorme cantidad de personas detenidas en El paso Texas en los últimos días. Pero al mismo tiempo pudiera ser una advertencia en la relación bilateral.

Desde el punto de vista legal el presidente Trump tiene la autoridad suficiente para cerrar puertos de entrada particulares, porque estos puntos son establecidos por reglamentos y no por leyes. Sin embargo, debe justificar la urgencia de la medida y eso pude dar lugar a demandas y serían los tribunales, en su caso, los que decidirían si la acción es legal o no. Pero si decidiera cerrar todos o casi todos los puertos de entrada a lo largo de la frontera Sur, el tema es muy controversial por el sistema de criterios y procesos para determinar quién puede ingresar al país y quién no establecido en la ley.

Si el presidente va demasiado lejos, los tribunales tendrían que decidir si ha socavado efectivamente ese sistema enfocado a proteger a los individuos. Dicho de otra forma el presidente no puede socavar arbitrariamente los derechos de las personas para transitar por la frontera, aun de los extranjeros como los centroamericanos, si se hace de forma legal y aún más no puede socavar el derecho de pedir asilo.

Por otra parte, al argumentar que se trata de un asunto de seguridad nacional, aunque resulta legalmente discutible en principio, procede, y el caso podría llegar hasta la Suprema Corte con resultados impredecibles. Pero hay que considerar que Trump ya ha ido lejos en su idea de endurecer la política migratoria: primero trasladó personal militar a la frontera y luego lo aumentó y esto a pesar de que en Estados Unidos la ley prohíbe al personal militar en servicio activo realizar funciones de cumplimiento de la ley doméstica: argumentó una excepción que establece que pueden ayudar a las agencias federales y estatales de cumplimiento de la ley en operaciones antidrogas.

Aunque un tribunal podría decidir que el motivo real para usar la fuerza o para cerrar puntos de la frontera es la migración y dar al traste con la medida. Luego ha hecho todo tipo de acciones políticas para asignar recursos para el muro, argumentando una amenaza para la seguridad nacional que no existe. Ha cambiado los criterios de aplicación de las leyes migratorias para endurecerlos.

Es decir, que ha ido marchando contra viento y marea porque el tema le produce dividendos electorales. En esta perspectiva sería probable que Trump decidiera cerrar un punto o varios de ingreso a personas y usar la medida como argumento para golpear a sus adversarios demócratas. Si eso sucediera, los solicitantes de asilo intentarían cruzar por puntos nos autorizados donde se enfrentarán a peligros adicionales de los cárteles de la droga, las pandillas y los delincuentes comunes que se aprovechan de ellos en esas zonas fronterizas. En los puntos afectados por el cierre se provocaría un problema económico de ambos lados de la frontera. Además que muchas más familias se dividirían. En realidad no hay una crisis real en la frontera. Siempre ha habido cambios dramáticos en los flujos en el número de solicitantes de asilo, y el Gobierno norteamericano siempre tuvo los recursos para manejar estos procedimientos de forma ordenada evaluando caso por caso como lo marca la ley.

La administración actual ha optado por no utilizar esos recursos para dedicarlos a atender los procesos, y ha optado por retenerlos y enfocarlos a las tareas policiales que permiten visibilidad y levantar la voz argumentando una amenaza a la seguridad nacional.

Además, aunque está vigente el tratado de libre comercio lo que brinda cierta seguridad en la apertura, ahora Trump tiene la posibilidad de amenazar nuevamente con echarlo abajo, dado que los demócratas están renuentes a su ratificación en el Congreso si no hay cambios de hecho en las leyes laborales y ambientales en México.

Así que aunque es difícil saber si estamos en un punto de quiebre en la relación bilateral o en un episodio más en la negociación, es claro que la situación no es sencilla. En síntesis, aunque la decisión de un cierre parcial o total de la frontera es legalmente discutible bajo la ley de los Estados Unidos, la herramienta es políticamente tentadora para Trump. Trastornaría la vida en las ciudades que fueran afectadas, provocaría incertidumbre en la economía mexicana y nos colocaría en una ruta no deseable de colisión política, por eso la revisión de la política y acción migratoria en México se convierte, aquí sí, en asunto de seguridad nacional.

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