La senadora Gricelda Valencia, del Grupo Parlamentario Morena, presentó en octubre pasado una iniciativa que propone reformar el artículo 123 de la Constitución, para que el salario mínimo se utilice como índice, unidad, base, medida o referencia para los derechos y prestaciones de seguridad social, así como otras transferencias de carácter social.

El próximo miércoles la senadora Valencia anunciará que por fin se votará dicha iniciativa con el fin de beneficiar a miles y miles de jubilados y pensionados que no han recibido la pensión que merecen, a pesar de trabajar toda su vida.

La iniciativa también plantea realizar cambios al artículo tercero transitorio del Decreto que modificó diversas disposiciones de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.

Recordó que en dicho documento se estableció la desindexación del salario mínimo como indicador de conceptos jurídicos como multas, prerrogativas o créditos, y en su lugar se utilizaría la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Sin embargo, dijo, ésta no debe aplicarse para el cálculo o pago de pensiones ni jubilaciones, “ya que no es acorde con la naturaleza y finalidad de estas prestaciones de la seguridad social, como sí lo es el salario mínimo”.

Expuso que a raíz de la desindexación, IMSS e ISSSTE emitieron circulares internas para adecuar sus sistemas informáticos, e hicieron un nuevo cálculo de pensiones que afectó a los nuevos beneficiarios y, en algunos casos, a pensionados anteriores, debido a que el valor de la UMA, desde 2017, es menor al del salario mínimo.

La iniciativa establece que el salario mínimo no podrá utilizarse como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, por lo que para el pago de multas, prerrogativas o créditos continuaría operando la UMA.

La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda para su dictamen.

El próximo 24 de abril inicia la Semana de Seguridad Social en el Senado de la República, donde se desarrollarán mesas de análisis con la particiación de ponentes y especialistas del ámbito público, académico, privado y social tratando dicho tema.

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