Por: Alejandro Luna

En el 2009 el FIGLOSNTE 27 tenía ganancias acumuladas por poco más de mil millones de pesos. Y aunque el corporativo DAFI cobra una comisión por cada peso que administra de los maestros, la mayor ganancia del despacho está en las inversiones que hace de ese dinero que administra, así que había que buscar en qué invertirlos.

Surgió así la idea de la Construcción del Centro de Convenciones en Mazatlán. El proyecto era muy ambicioso. Su construcción tendría un costo total de mil millones de pesos pero una vez en operación, obtendría ganancias por mil millones de pesos anuales que serían repartidos entre los maestros. Algo así como 25 mil pesos anuales para cada profesor.

Sin embargo, el asesor financiero dispuso que no se invirtieran los mil millones que ya se tenían, para no descapitalizarse, sino que se buscaran apoyos del gobierno y un crédito bancario. Así, se consiguió que el gobierno del estado aportara un terreno de 10 hectáreas (con un valor de 100 millones de pesos) y otros 100 millones de pesos en dinero.

Una vez con el terreno para construir y 100 millones de pesos para iniciar los trabajos, se gestionó un crédito bancario por 800 millones de pesos a un plazo de diez años. El crédito se pagaría con las ganancias anuales de la operación del Centro de Convenciones y a partir del décimo año (una vez acabado de pagar el crédito) las ganancias serían repartidas entre los maestros.

Durante esos diez años, con una tasa anual del 12%., los maestros federalizados habrían pagado 960 millones de pesos de intereses además de los 800 millones del capital del préstamo. Es decir, habrían pagado ya unos 1,760 millones de pesos. No obstante, al acercarse la fecha de terminación del pago del crédito se empezó a correr la voz de que el Centro de Convenciones estaba quebrado y de que era demasiado grande para Mazatlán. Que no había en el puerto suficiente demanda para un mega centro de convenciones como ese.

En el fondo, se estaba preparando el terreno para un mega desfalco. En el 2019, al cumplirse los diez años, cuando los maestros empezarían a recibir las ganancias proyectadas de mil millones de pesos anuales –una vez pagados los 1, 760 millones de pesos del crédito más los intereses —el mismo asesor financiero que administra los ahorros de los maestros y que ideó, proyectó y administró el proyecto—, les dice que el Centro de Convenciones no es viable y que lo mejor es venderlo. Incluso, ya tiene al comprador y una oferta de mil millones de pesos que serían invertidos en tres albercas en centros recreativos del magisterio donde el dinero se reduciría a nada y sin responsabilidad para nadie.

Hasta aquí, de entrada, habría una pérdida aproximada de mil millones de pesos. Pero eso no es todo, cuando el Gobierno del Estado les entregó ese terreno de diez hectáreas entre el monte, alejado de la ciudad, el terreno estaba valuado en cien millones de pesos. Pero diez años después, rodeado de universidades, centros comerciales y de entretenimiento, que han convertido esa zona en la de mayor crecimiento del puerto de Mazatlán y que han disparado la plusvalía de los terrenos en más de un mil por ciento, sólo el valor del terreno supera los mil millones de pesos que DAFI ha aceptado por la venta de todo el Centro de Convenciones, sin contar 1, 760 millones de pesos que los maestros pagaron por el crédito para la construcción, ni los intereses de los 100 millones de pesos que el gobierno del estado les aportó para el inicio de la construcción.

En suma, el Centro de Convenciones tendría un valor mínimo aproximado de 3 mil millones de pesos que DAFI ha decidido malbaratar en mil millones. Y sin contar, el fracaso –o el engaño—del proyecto que prometía a los maestros ganancias por mil millones de pesos anuales. Lo mínimo que tendrían que haber hecho los dirigentes sindicales ante tal fracaso financiero sería despedir al despacho que operó el proyecto por su ineptitud, si no es que fincarle responsabilidad penal si se descubriera que usó indebidamente el dinero de los maestros o que está involucrado en la quiebra o la venta fraudulenta del patrimonio de los profesores.

Sin embargo, las decisiones las toma un comité técnico conformado por maestros representantes de socios y el secretario general del turno de la sección sindical, que mensualmente reciben una compensación por aprobar todo lo que el despacho les presenta. Incluyendo nuevos proyectos y estados financieros, sin importar que no estén bien o que no beneficien a los profesores.

Si el Centro de Convenciones no es negocio o no es viable financieramente ¿por qué una empresa transnacional está dispuesta a pagar mil millones de pesos por él? Si para que sea buen negocio es cuestión de una buena administración ¿por qué no lo hizo rentable DAFI? ¿Qué intereses tiene DAFI en la empresa interesada en la compra del Centro de Convenciones? Apenas se había empezado a diluir el malestar de los maestros federalizados por el desfalco de más de mil millones de pesos del SIAP que les birlaron entre el gobernador del estado y sus dirigentes sindicales, cuando se anuncia un nuevo probable desfalco aún mayor.

¿Cuánto recibirán –o recibieron—los miembros del comité técnico del FIGLOSNTE a cambio de aprobar la venta del Centro de Convenciones? Curiosamente, al mismo tiempo que se habla de la venta del Centro de Convenciones, se ha empezado a comentar que el dueño de DAFI está planeando su retiro, el mismo al que se le detectaron cuentas en las Islas Caimán. Y este podría ser el mayor negocio de su vida antes de retirarse. Sin duda un retiro millonario.

Curiosamente la venta del Centro de Convenciones coincide con la terminación del periodo del comité seccional. Es decir, la concreción de la venta sucedería unos días antes de la renovación del comité seccional de tal forma que ya no habría responsabilidad para el dirigente sindical, que también se podría retirar cómodamente.

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