La creación del Fone supuso el fin de las irregularidades del FAEB. Planteó la creación de un escenario de mayor transparencia y rendición de cuentas que permitiría a todos los involucrados conocer el destino de los recursos que la Federación transfiere anualmente a los estados para el financiamiento de la nómina magisterial y administrativa de educación básica y normal.

Sin embargo, omisiones importantes, por parte de las autoridades federales y estatales, han dado cobijo a abusos persistentes en la administración de los presupuestos en esta materia.

Dichas afirmaciones las realiza la organización México Evalúa durante una investigación realizada y presentada la semana pasada.

De la revisión de la Cuenta Pública de 2008 a 2019 en el uso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha establecido 125 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades que superan los 6 mil millones de pesos; hasta ahora, dichas denuncias no han causado sentencia: 123 se encuentran en proceso de integración, una fue desechada y la otra cuenta con un amparo interpuesto.

Hallazgos del documento La impunidad en la nómina magisterial: uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, presentado por México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, destacan que seguimos sin poder recuperar 3 de cada 10 pesos usados irregularmente a través de este fondo, pues aunque estas prácticas anormales han sido evidenciadas y documentadas, se mantienen en completa impunidad.

Las irregularidades más graves se presentaron en Chihuahua, Aguascalientes y Coahuila, donde se destinaron más de 100 millones de pesos para pagos indebidos a comisionados sindicales, durante el periodo de 2015 al segundo trimestre de 2018.

“No debemos pasar por alto ningún tipo de irregularidad en el manejo del Fone, pues no sólo implica menores presupuestos para apoyar a los docentes que atienden las zonas más vulnerables o para apoyar la profesionalización docente, también significa mayores presiones presupuestales en los estados para hacer frente a los compromisos educativos. Es muy grave que 2 mil 529 millones de pesos destinados a educación sean desviados año con año; esta suma equivale a dos veces lo invertido en capacitar a nuestros docentes”, aseguró Edna Jaime, directora general de México Evalúa.

Pese a que las irregularidades persisten a tres años de su operación, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) ha logrado disminuir el mal uso de la nómina educativa.

Desde la reforma constitucional de 2013, la centralización de la nómina y la transformación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en el Fone, ha permitido mayor orden y transparencia en la administración de los recursos que se destinan a la educación.

“Si bien reconocemos los avances que el Fone ha representado, no podemos dejar de lado la indolencia por parte de las autoridades que, por omisas, facilitan la perpetuación de los abusos sobre la nómina docente y dan carta de naturalización a la impunidad. Durante 2013 y 2014 la SEP dejó de enviar los informes del FAEB a las autoridades competentes. Con las modificaciones a las leyes, los responsables se desentendieron del problema y peor aún: fueron renuentes a reconocer sus obligaciones”, enfatizó Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.

Dar seguimiento efectivo al avance de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el FAEB y el Fone podría redundar en una reestructuración del gasto educativo que logre atender las áreas prioritarias del sistema, por ejemplo, se podrían completar las plantillas de maestros en las escuelas; a los alumnos en riesgo de abandono escolar se les podría dotar de docentes complementarios; se podría mejorar el mantenimiento de escuelas en zonas rurales, entre otras necesidades y urgencias.

En última instancia, el estudio que México Evalúa realizó sobre el Fone funciona también como una fotografía instantánea de las tensiones históricas entre la centralización y la federalización de la nómina educativa. Y lanza una alerta: que toda la nómina educativa puede centralizarse –incluyendo el 30% que sigue en manos de los estados, aproximadamente– implicaría ahondar más en las limitaciones de muchos gobiernos estatales, que no asumen la administración adecuada de sus sistemas educativos con miras a la mejora de la calidad y la superación de los rezagos.

Por el contrario, los diferentes niveles de gobierno en el sistema educativo, sin excepción, deben mejorar la forma en se ejercen los presupuestos educativos y transparentar su asignación. Sólo así se podrán brindar mejores oportunidades de desarrollo a los niños y jóvenes de este país.

En la presentación de este estudio estuvieron presentes Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey; Joel Salas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Patricia Vázquez del Mercado, exconsejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); y Sonia del Valle, coordinadora de advocacy en el Centro de Estudios sobre Políticas Educativas ubicado en Aguascalientes.

Con información de México Evalúa y foto especial

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