Por: Juan Bautista Lizárraga, colaborador de El Debate

Todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de sus condiciones o diferencias en cuanto a su capacidad mental o física, deben tener la posibilidad de aprender juntos.

Este es un derecho fundamental, el cual está previsto en los artículos 1.ro y 3.ro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el 24, párrafo primero, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La educación debe ser inclusiva, es decir, tiene que reconoce que todo niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje particulares, y que los alumnos con necesidades educativas especiales deben tener acceso al sistema de educación general en igual condiciones que otro cualquiera.

Se trata del principio de igualdad y no discriminación que, en tratándose de menores, deben ponderarse desde una perspectiva integral, para lo cual se requiere tomar en cuenta las dimensiones o niveles que abarcan, desde la protección efectiva contra abusos, violencia y explotación, basadas en la condición de discapacidad, hasta aquellas que son aplicables de igual manera a los niños que no tienen dichas incapacidades.

La condición de discapacidad no debe constituir un factor de diferenciación que tenga como consecuencia el limitar, restringir o menoscabar los derechos reconocidos universalmente para los niños, niñas y adolescentes.

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