La nueva Reforma Educativa. ¿A quién deja conforme?

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Por: Julio Valera, columnista de Grupo Milenio

Todos recordamos que la aprobación de la nueva reforma educativa fue un calvario mediático: desde la promesa de campaña de “no dejar ni una sola coma” de la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto, pasando por el memorándum por el que instruía a su gabinete a dejar sin efecto las acciones que se derivaran de esa reforma, llegó el 25 de abril, fecha en que la Cámara de Diputados aprobó un texto que, por decir lo menos, dejó intranquilas a más de una parte involucrada en este proceso.

Y es que, aunque existen determinaciones importantes como la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), temas polémicos como el funcionamiento del organismo que le sustituirá o el mecanismo para que el magisterio ascienda quedaron pendientes a ser establecidos en legislación secundaria.

Es decir, la iniciativa constitucional señalaba el camino que habría de seguir la nueva política nacional de educación, pero no daba claridad sobre los principales temas que habían enfrentado a maestros, sindicatos y autoridades educativas de todos los niveles.

La nueva reforma educativa dejó una inconformidad generalizada, pero ganó algo muy valioso, para quien lo controla, en la política: tiempo. La letra pequeña de la reforma educativa, esa que establece los detalles más controversiales, está apenas por discutirse en la Cámara de Diputados.

El Coordinador del Grupo Parlamentario del PT en la LXIV Legislatura, Reginaldo Sandoval, introdujo las iniciativas para la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros y la Ley Reglamentaria del Organismo para la Mejora Continua de la Educación.

Analizar el detalle de estos textos permite darnos una idea del rumbo que tomará el Sistema Educativo Nacional, pero también de cómo se encuentra la correlación de fuerzas de los principales actores involucrados. Sobre la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, ésta no concede asignación automática de plazas a los normalistas recién egresados, petición planteada por la CNTE, pero regresan las Coordinaciones Dictaminadoras, que son los sistemas compuestos de manera igualitaria por la autoridad educativa y la representación sindical, encargada de la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente.

Ante la preocupación del regreso de los sindicatos en la promoción docente, los defensores de esta iniciativa argumentan que se introducen mecanismos de publicidad y transparencia a lo largo de todo el proceso. Nada asegura en el papel que el regreso de estos mecanismos no implique a su vez, el regreso de las prácticas del pasado.

El texto de la otra normatividad propuesta señala las características del sistema nacional y del organismo encargado de la evaluación de la educación, muy en la línea de lo que se venía anunciando tanto en campaña como con la reforma de abril. Se crea la figura de la evaluación diagnóstica, y se establece que no tendrá efecto sobre la permanencia en la plaza.

Incluye un candado de transparencia y rendición de cuentas, pues contempla la sanción de cualquier tratamiento discrecional de la información, incluyendo los resultados de la evaluación de cada docente. Castiga cualquier acto u omisión tendiente a impedir los procesos de evaluación. En pocas palabras, la evaluación va, aunque no queda claro para qué.

Las preocupaciones de la oposición se mantienen sin cambios: buscan sacar todo atisbo de participación de los sindicatos, y quieren que la evaluación sea determinante para la permanencia. Las voces más moderadas señalan planteamientos más concisos: no quieren reversa en lo que parecen cesiones de los sindicatos, o que se les otorgue de último momento un voto de calidad para los procesos escalafonarios.

Haber aplazado la discusión permite hacer estudios más puntuales de las implicaciones de los tres ordenamientos pendientes, tanto por separado, como en su conjunto, porque trastocan aristas interconectadas de un todo. Esta situación da más espacio a la negociación política que no tiene por objeto mejorar el Sistema Educativo Nacional.

Con información cortesía Grupo Milenio

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