Por: Dr. Luis Ernesto Salomón Delgado, catedrático e investigador de la UdeG

La educación en México es considerada como un servicio público a partir de las reformas al Artículo 3 aprobadas hace apenas unos meses. Esta definición es de capital importancia para delimitar el alcance de algunos derechos esenciales de los habitantes de nuestro país, especialmente el de los niños y jóvenes.

Por servicio público debe entenderse el establecimiento de un régimen jurídico especial para dar satisfacción regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general. Se presta conforme a un régimen de derecho público especial y propio que lo distingue de otras actividades de la administración, por lo que escapa a la aplicación de las normas del derecho privado.

La prestación de los servicios públicos esenciales implica su disponibilidad regular, continua y uniforme para todos los beneficiarios. Definir de esta forma a la educación supone la obligación de las autoridades de velar por su prestación con estas características.

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