Libertades bajo amenaza

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Por: Dr. Luis Ernesto Salomón Delgado, catedrático e investigador de la UdeG

El derecho a saber es condición esencial del hombre digno. La sociedad contemporánea, líquida, como dice Zygmunt Bauman, se mueve en un entorno de saturación de información que aparentemente nos iguala, pero en realidad nos divide. El ejercicio del derecho a acceder a la información de la cosa pública, su preservación, el manejo de datos personales y la regulación de la inteligencia artificial son algunos de los tópicos más desafiantes que están en la discusión legal, su garantía en las naciones como a nivel internacional, como en la reflexión respecto a su justificación filosófica.

Sin embrago, hay mucho por hacer para hacer realidad el ejercicio adecuado del derecho de las personas en estos campos. La enorme desigualdad se refleja también en la fragilidad institucional de muchas autoridades.

La realidad global evoluciona aceleradamente en usos tecnológicos, prácticas gubernamentales, procesos industriales, manejo de grandes bases de datos y desarrollo de actividades que se construyen a partir de la inteligencia artificial. Estos son los desafíos más importantes en el campo de la defensa de las libertades relacionadas con la información. Si lo traducimos en asuntos concretos, para ejemplificar hechos que ya están sucediendo hablemos de los autos autónomos, las intervenciones quirúrgicas por robots, las decisiones de inversión de fondos o la construcción de armas masivamente por mecanismos robotizados o la realización de experimentos definidos por algoritmos y la construcción de los modelos de computación encaminados a la formación de autoconciencia de las máquinas.

Esto sin mencionar los límites al uso de la información de las empresas tecnológicas que manejan las redes sociales. Los derechos de los mexicanos con respecto a la transparencia, el acceso a la información, la conservación y gestión de datos y el uso de los mecanismos de la inteligencia artificial, están bajo amenaza; por eso, más allá de las posiciones políticas internas, es vital construir plataformas de discusión robustas para contribuir con las autoridades en estas materias. Son ellas, las que habrán de enfrentar las presiones de gobiernos y grandes compañías e intereses, y los actores políticos quienes estarán manejando estos asuntos en los cuales también están mezclados los tópicos del uso de esta información para fines políticos.

Estos asuntos son prioridad para los entes públicos más importantes de naciones como China, que toma ventaja de su condición de Gobierno con pocas exigencias en el respeto a la libertad de sus ciudadanos, Estados Unidos, que ha reconocido el uso de instrumentos tecnológicos en las elecciones, y la existencia de procesos indebidos como lo sucedido con la empresa Cambridge Analítica, y las cada vez más frecuentes fugas de datos de las empresas que manejan los datos de miles de millones de personas en el mundo. Las naciones europeas han formado equipos especializados para estudiar el tema y aconsejar a las autoridades supranacionales, como a los gobiernos.

Pero el tema no escapa a las potencias intermedias: Rusia, en donde se han generado muchos de los flujos calificados de ilegales mantiene una posición en defensa de su independencia y desarrolla tecnología para su industria militar y espacial; en India se desarrolla una industria de la gestión de datos y la IT de gran calado con el respaldo de instituciones privadas y públicas. En México la actividad es realmente incipiente y se requiere tomar el asunto con la importancia y la dimensión que realmente tiene.

Para expresarlo de una forma mucho más apegada a la actividad cotidiana, podemos también hablar de la regulación de las actividades financieras construidas con plataformas tecnológicas. Pareciera que nada tienen que ver los derechos amenazados con estos servicios, pero cuestiones como las monedas virtuales como bitcoin son tan desafiantes que ahora mismo son parte significativa del tráfico de financiero y está presente tanto en las actividades irregulares como en la economía formal. Nos guste o no, se regulen bien o mal las empresas financieras de internet el uso intenso de instrumentos electrónicos no se detiene y la exposición personal será cada vez mayor.

Si a esto le sumamos que muchas organizaciones terroristas o criminales internacionales están cada vez más vinculadas a las actividades encaminadas a sustraer información, alterarla o influir en los grandes servidores relacionados con la seguridad y las actividades militares, entonces caemos en cuenta que todos estos ámbitos es necesario actuar con la perspectiva de defender la libertad mediante una acción coordinada de todas las instituciones públicas del país y en coordinación con gobiernos y organizaciones multilaterales.

Nuestro país es una potencia emergente de instituciones frágiles que requieren ser fortalecidas para garantizar la vida en libertad de sus habitantes en entornos seguros, capaces de generar confianza para propiciar inversiones y actividad que genere bienestar y construya estructuras sociales igualitarias.

México necesita ahora del esfuerzo de los especialistas y los interesados en el tema para definir una agenda pública de discusión sobre los nuevos retos del derecho de la información. Las amenazas a la libertad como estas deben estar en la agenda de la discusión y en la de las acciones de Gobierno.

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