Ante la presunción de un quebranto financiero y desorden administrativo en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en Guerrero, el diputado local de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo propuso que se realice una auditoría exhaustiva a este fondo de los años 1999 a 2019.

Desde tribuna, el legislador local, a nombre de sus homólogas, Norma Otilia Hernández Martínez y Mariana García Guillén, quienes también suscribieron esta propuesta de acuerdo Parlamentario, solicitó a los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, para que se investigue el quebranto que hoy enfrenta el FONE en prejuicio de maestros en la entidad.

Recordó que el 19 de mayo de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Modernización de la Educación Básica, con lo que el Ejecutivo Federal se comprometía a transferir recursos suficientes para que cada gobierno estatal estuviera en condiciones de elevar la calidad y cobertura del servicio de educación de su responsabilidad, para hacerse cargo de los planteles educativos.

Comentó que en el caso de Guerrero, fuentes documentales consultadas señalan que existe un problema histórico de pago oportuno de salarios con cierto número de maestros de los distintos niveles educativos, que de manera recurrente la nómina no es cubierta con oportunidad, en tiempo y forma.

“Cabe destacar que este problema tienen su origen en el sexenio 1999-2005, caracterizado presuntamente por la irresponsabilidad en el manejo y control de las finanzas públicas, y por presuntos actos de corrupción, por prácticas de nepotismo, cohecho, influyentismo y opacidad para favorecer con plazas o ascensos dentro del sector educativo de Guerrero”, precisó el diputado Ríos Saucedo.

Añadió que estas malas prácticas de gobierno derivaron en la mala distribución de los servicios magisteriales, ya que dejó en ese periodo de gobierno un total de 7 mil 418 plazas y 25 mil 529 horas, sin techo presupuestal.

“Lo que puso y mantiene ahora, en situación de precariedad financiera al gobierno de Guerrero para ser oportuno en el pago de salarios de una gran cantidad de maestros y maestras que dependen totalmente de estos salarios”.

Por lo que el gobierno de esa época heredó a la administración entrante siete mil 418 plazas y veinticinco mil 529 horas sin base presupuestal.

Pero al final del gobierno de Zeferino Torreblanca, en julio de 2011, una auditoría federal arrojó faltantes por ocho mil 200 millones de pesos sólo en el sector educación y salud, y la autorización de otras tres mil plazas para maestros sin techo financiero, según lo declaró el propio titular de la Contraloría de ese gobierno, que sumadas a las siete mil 448 plazas que dejó el gobierno del periodo anterior, incrementaron a más de diez mil cuatrocientas plazas sin techo presupuestal, agravando la situación financiera, laboral y de salarios.

Destacó que durante la administración del gobierno interino de Rogelio Ortega, su secretario de Finanzas y Administración, declaró que había un faltante financiero por trece mil cincuenta millones de pesos.

El origen de este millonario pasivo que venía desde el año 2001, derivó en que con la entrada en vigor del nuevo formato de administración de los recursos financieros para sueldos del magisterio a través del FONE, doce mil 326 plazas no fueron reconocidas por la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, por lo que se cubrieron con fondos estatales de enero a marzo de 2015.

Posteriormente, la mayoría de las plazas fueron regularizadas y a la fecha alrededor de cinco mil 743 maestros están fuera del FONE.

“A todas luces se muestra que durante las tres últimas administraciones estatales, incluyendo al periodo interino, fueron las responsables del desorden financiero y administrativo en el sector educativo, al entregar plazas de manera irregular”, puntualizó

Reprochó que ante este evidente hecho de irresponsabilidad gubernamental, ninguno de los funcionarios o servidores públicos de la época fueron sancionados y siguen haciendo política.

“Por tales razones, es menester que todos solicitemos una investigación exhaustiva de lo sucedido, dando muestra de congruencia a los principios que decidimos defender y promover: el combate a la corrupción y la cultura de la legalidad, que estas personas asuman de cara al pueblo su responsabilidad por el quebranto financiero al sistema educativo en el estado”.

Con información cortesía de Regenerando Guerrero y foto cortesía

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