Con la reinstalación de tres maestras de primaria en escuelas del gobierno, terminó la lucha de 53 profesores del estado, quienes hace más de tres años fueron cesados por oponerse a la reforma educativa.

La tarde del pasado viernes 6 de septiembre, Marcela Guadalupe Zazueta Pillado, Mireya Barraza Ayala y Francisca Oralia Gutiérrez, acompañadas de su abogado Raymundo So, firmaron su reinstalación en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora; recibieron también el pago de sus prestaciones retenidas y salarios caídos.

El pasado 2 de septiembre, Marcela Zazueta aprovechó la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad y le pidió que hiciera cumplir su promesa de regresarlas a las escuelas de las que fueron cesadas.

“Ganó el Presidente, es un gran ser humano”, dijo la docente, al dar a conocer que hoy 9 de septiembre volverá a las aulas.

Además, hizo un llamado a los gobernadores de otros estados donde sus compañeros en lucha aún no han sido regresados, pues de los 583 maestros cesados en el país, sólo han sido reinstalados alrededor de 50%.

Marcela Zazueta comentó que muchos maestros fueron destituidos porque apoyaron la candidatura del presidente López Obrador y al partido Morena.

Sobre esta experiencia, adelantó que va a escribir un libro, ya que tiene documentada la lucha, y llevará por título Nos quitaron tanto que hasta el miedo se llevaron.

Señaló que será difícil olvidar el día 15 de abril de 2016, cuando muchos policías llegaron a las escuelas a sacarlos como si fueran delincuentes. “Los alumnos lloraban y entonaban el Himno Nacional en la cancha de la escuela, estaban formados por grupo, respaldando el apoyo a los maestros que iban a sacarnos por no aceptar la reforma educativa, no tenían claro qué nos estaba sucediendo”.

La reforma educativa, una de las principales reformas estructurales que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto, fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2012 y, un día después, por el Senado de la República. Fue promulgada por el Ejecutivo el 25 de febrero del 2013.

En Sonora, el Congreso local no realizó una armonización total de las leyes y en abril de 2014, el Ejecutivo del estado promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional al respecto, por contravenir 27 artículos de la Constitución y leyes secundarias en materia educativa.

En octubre de 2015, el máximo tribunal resolvió a favor del estado, por la contravención a disposiciones del Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación Pública o al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Las primeras manifestaciones de rechazo a la evaluación provinieron de los integrantes de la Asamblea Magisterial, a la que pertenece la maestra Marcela Zazueta.

La lucha magisterial de Sonora fue creciendo, el descontento también y en junio de 2015 se dieron a conocer las primeras listas de 3 mil 500 notificaciones para la evaluación en Sonora. La permanencia de los docentes dependía de los resultados. Los que se negaron abiertamente a realizar el examen fueron perseguidos y separados de sus grupos. La resistencia llegó a su fin tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación -15 de mayo de 2019- la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

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