Apoyos financieros irregulares de la SEC al SNTE 28 desnudan transas

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Informes de resultados de auditorías aplicadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) revelan turbiedad sobre la custodia, uso y destino de fondos públicos federalizados, presuntamente operados ilícitamente desde la Secretaría de Educación y Cultura del gobierno de Sonora (SEC). Se trata de partidas del gasto público federalizado en custodia estatal que fueron destinados a la Secretarla de Finanzas del comité ejecutivo de la Sección 28 del SNTE en Sonora que amparan un monto cercano a los 100 millones de pesos.Tales maromas financieras se realizaron a contrapelo del presupuesto de egresos de la federación y del estado entre los años 2017 y 2019 y tuvieron como beneficiario al comité que encabezó Francisco Javier Duarte Flores, quien dispuso ilegalmente de más de 30 millones de pesos que no logró justificar a cabalidad su aplicación.

Entre los presuntos actos ilícitos detectados se encuentran transferencias de la tesorería estatal a la sección 28 del SNTE que suman un monto cercano a los cien millones de pesos, contabilizados hasta la primera mitad de la gestión de Claudia Pavlovich Arellano.

Los informes del ISAF revelan que, en el ejercicio del gasto del 2017, la SEC canalizó al gremio 27.5 millones de pesos; el 2018 fueron 57. 35 millones de pesos y para el primer trimestre de 2019 había recibido 15.49 millones de pesos de fondos federalizados bajo custodia de la SEC.

Los montos transferidos supuestamente fueron acordados por convenio entre las partes sin reglas de operación o etiquetas para su ejercicio y que nada tienen que ver con la relación laboral y no están plasmados en las condiciones generales que sostienen la convivencia laboral y profesional de los trabajadores de la educación con la administración estatal a través de la SEC como ente rector de la política educativa.

Los recursos transferidos al gremio han sido con independencia de la retención de la cuota sindical a cada trabajador del magisterio y del tanto por aportaciones patronales del gobierno de Sonora, además de otros demás compromisos contractuales o plasmados en la ley del servicio civil.

Los egresos de la hacienda gubernamental que resultan de la relación contractual son enterados directamente y puntualidad mensual a la tesorería del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE con sede en la capital del país.

Únicamente el CEN del SNTE y nadie más tiene facultad para recibir transferencias bancarias de los gobiernos estatales por concepto de las aportaciones de trabajadores de la educación y la autoridad gubernamental como cuota patronal; es la tesorería del gremio a nivel central la responsable de redistribuir los multimillonarios ingresos entre los comités seccionarles del país y demás órganos gubernativos del SNTE, entre ellos, los que conforman la sección 28 con asiento en Sonora.

 Dentro y fuera del magisterio sugieren que el gobierno del estado habría incurrido en la ilegalidad al hacer aportaciones por partida doble, más aun, cuando se hace a un mismo gremio y hacia dos categorías de su jerarquía sindical.

Tales erogaciones de la hacienda estatal fueron clasificadas en el rubro “apoyos diferentes las relaciones contractuales” en un convenio multiplican para la transferencia de recursos presupuestales para tareas que nada tienen que ver con la esfera sindical y la responsabilidad social que le asiste.

Las partidas presupuestales confrontación legal tienen como vehículo presupuestal los ramos 33 y 28 del gasto federal y otros fondos subsidiaristas insignes dentro de la coordinación fiscal en materia educativa dispersores de dinero público que tienen por objetivo aplicarse en política publicas, programas y en la gobernanza para mejorar la calidad de la educación en México y de Sonora por el caso que ocupa el despacho.

Las subvenciones al comité secciona violan no pocos preceptos de la Ley de Coordinación Fiscal estado-federación, de disciplina financiera para estados y municipios, asi como la Ley de Contabilidad Gubernamental y Disciplina Financiera, entre otras leyes secundarias a la carta magna.

Y para los funcionarios que bajo cualquier modalidad hayan incurrido de si o en concierto, es aplicable la  Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, además de la normatividad penal y procesal que las dimensiones del caso amerite.

La Sección 28 del SNTE, tierra de nadie

El fiscalizador superior descubrió la sustracción de fondos de la tesorería de la sección 28 del SNTE a través de reiterados retiros bancarios al amparo de un laxo sistema de control de los haberes gremiales, donde el secretario general posee facultades supralegales para la disposición de los dineros patrimoniales colectivos.

Asi lo hizo quien al momento de las auditorìas aplicadas en el 2017 y 2018 fungía como Secretario de la Sección 28 del SNTE, Francisco Javier Duarte Flores.

En el transcurso de la primera auditoría financiera aplicada por el ISAF en marzo del 2017  el entonces dirigente seccional del sindicato magisterial fue encarado por el fiscalizador para que solventara múltiples irregularidades encontradas.

Pero sus alegatos no lograron comprobar con cabalidad legal el destino final y paradero legal de más de 38 millones de pesos que fueron sustraídos de la cuenta del comité ejecutivo seccional de la que Duarte Flores era custodio y depositario de la tarjeta de débito mediante la cual, se hicieron los retiros

Los recursos estatales transferidos durante el ejercicio 2017 al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 28, fueron por $27,532,296 de los cuales el ISAF revisó el 100% de tales ingresos.

Al 31 de diciembre de 2018 los recursos provenientes de de fondos federales ascendieron a 57 millones de pesos y para el primer trimestre de este 2019 se le sumaron poco más de 15 millones de pesos al total de “apoyos” gubernamentales.

Por todo lo anterior y, en vista de múltiples irregularidades financieras, presupuestales y contables convirtieron a la Sección 28 del SNTE en un monumento a la opacidad respecto a la rendición de cuentas sobre recursos que provienen del erario publico federal y en depositaría del estado para aplicarlos en programas que eleven la calidad de la educación en Sonora.

Sobre el particular, esto resolvió el ente fiscalizador mayor:

“El SNTE violó en forma reiterada Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, toda vez que no hizo públicos  los Convenios y/o Minutas de Acuerdos entre Sindicato y el gobierno del estado para la transferencia de recursos públicos”.

Más grave aun, cuando la delegación seccional no pudo comprobar la autorización de su Comité Ejecutivo Nacional para que a su nombre y representación obtenga apoyos monetarios o en especie de cualquier entidad pública o privada, violando los estatutos que rigen la vida interna del gremio.

Entre el cumulo de irregularidades que detectó el auditor mayor del gasto público sonorense emitió entre muchas observaciones donde advierte que la sección 28 del SNTE no tiene actualizado el padrón de agremiados lo que vulnera el derecho equitativo de acceder a las ayudas sindicales y deja a la discrecionalidad de los órganos que conforman la sección sindical la redistribución del patrimonio financiero sindical.

Durante las auditorías aplicadas, el sujeto auditado fue incapaz de exhibir ante el auditor superior y con lujo de detalle una relación completa de recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciben, en especial los ingresos de recursos públicos que operó y gastó el comité seccional entre el 2017 y el primer trimestre de este 2019.

El ISAF en su informe establece textualmente:

 “Al revisar el ejercicio 2017, se observó que el Sujeto de Fiscalización no esta cumpliendo con lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora, toda vez que no se publican los Convenios y/o Minutas de Acuerdos entre Sindicato y Autoridades; no se t¡ene actualizado el Padrón de Socios o Agremiados; no se tiene actualizada la Relación detallada de los Recursos Públicos Económicos, en Especie, Bienes o Donativos que reciben y el informe detallado del ejercicio y destino final de los Recursos Públicos que ejercieron.

La sección 28 del SNTE durante tres años consecutivos de la revisión de sus ingresos provenientes de la hacienda estatal violó preceptos que se detallan a continuación, según determino el auditor superior en Sonora:

 Artículo 6 apartado A fracciones I y Vlll cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 2 y 150 de la constitución Política del Estado de Sonora; 30 y 70 fracción lll y ultimo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 91 fracciones l, lll y lV de la Ley Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Sonora; y demás que resulten aplicables

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