Por: Dr. Luis Ernesto Salomón Delgado, catedrático e investigador de la UdeG

La intención declarada por Donald Trump de designar como terroristas a los cárteles dedicados al narcotráfico en nuestro país es una amenaza con fondo político de gran calado. Para México sería un problema más por razones económicas y políticas que por los asuntos de seguridad. A partir de los hechos del 11 de septiembre muchas normas jurídicas en Estados Unidos fueron modificadas para ampliar el campo de acción de sus autoridades en la lucha contra el terrorismo. La más renombrada ha sido la Ley Patriótica que permite a los agentes estadounidenses, bajo ciertas condiciones, interceptar comunicaciones e infiltrase para obtener información tanto dentro como fuera de aquella nación.

Es pertinente ahora recordar que el Código de los Estados Unidos en su Título 22 Capítulo 38, Sección 2656(d)(2) define el terrorismo como: “Violencia premeditada y políticamente motivada perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos”. Y por otra parte, las leyes han facultado a la Oficina de Lucha contra el Terrorismo del Departamento de Estado para monitorear continuamente las actividades de los grupos terroristas activos en todo el mundo.

Como consecuencia de esta observación pude proponer que un grupo sea designado terrorista o que realiza actividades terroristas. La decisión con una base técnica es esencialmente política de parte del Departamento de Estado. El expediente sobre México, ha dicho Trump, se ha venido preparando desde hace meses, y una vez integrado, conforme a la ley, procedería a establecerse una consulta entre el Departamento de Estado, el procurador general y el secretario del Tesoro y luego se decidiría.

La visita de William Barr anunciada para venir a México en la semana, da indicios de que las consultas están en curso. De acuerdo con las leyes de nuestros vecinos, si se decide seguir adelante, se debe notificar al Congreso la intención y se abre un término de siete días para revisar la designación. Al expirar el periodo de espera de siete días sin una acción de los líderes de la mayoría y minorías representadas que podrían bloquear el proceso, se publica la designación. Pareciera que eso aún no ha sucedido.

Es pertinente aclarar que desde la perspectiva legal es distinto el terrorismo como tal, que supone las acciones políticamente motivadas, que en el caso de México no las hay directamente; de las actividades terroristas que supone usar tácticas que siembren terror que sin duda existen. Pero las normas permiten la declaración en ambos casos y dejan abierta la puerta a decisiones políticas.

Las consecuencias de una designación como parece está sobre la mesa. Tienen efectos directamente sobre personas o entes relacionados con las organizaciones y sus miembros relacionados con el congelamiento, posible decomiso de activos, y prohibiciones migratorias; pero para efectos económicos agrega factores de riesgo para los intereses e inversiones que se encuentran en las zonas donde se declara que hay actividades terroristas, lo que para nuestro caso sería una pésima noticia ante las perspectivas limitadas de inversión y las amenazas de degradación por parte de las calificadoras.

Por otra parte, implican una enorme presión sobre los cuerpos de seguridad que estarían sujetos a compartir información conforme a los acuerdos internacionales. Esta parece ser una de las cuestiones esenciales del diferendo con Estados Unidos que parece percibir una falta de colaboración en la comunidad de inteligencia de parte de las autoridades federales mexicanas que han limitado la actuación de la Marina, el Ejército y otros organismos en la gestión de intercambio, como ha quedado claro desde el inicio de la administración y luego de lo sucedido en Culiacán.

El proceso anunciado es una verdadera llamada de atención a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley y el establecimiento del orden en nuestro país. Es incómodo, sino duda, pero los hechos son contundentes y la realidad geopolítica hace ineludible una coordinación de la seguridad con nuestros vecinos. Pensar en una actuación aislada con el nivel de porosidad de la frontera y la fragilidad de nuestras policías sería demagógico y provocaría mayores daños.

La negativa de colaboración daría a Trump elementos para usar el argumento de la muerte de decenas de miles de personas por sobredosis en Estados Unidos y construir la percepción de la responsabilidad de las autoridades mexicanas, lo que abriría, ahora sí, un frente abierto de confrontación, que es altamente inconveniente para México. La actitud prudente que anuncia la intención de colaborar con la seguridad regional de la Cancillería es más que plausible.

Seguramente habrá nuevos mecanismos de colaboración que serán más o menos visibles, pero que por el bien del país, deben ser efectivos para combatir a los grupos criminales que han pasado de amenazar a desafiar e infiltrar al estado. La llamada de atención supone cambiar visiones y estrategias. La visita de William Barr parece determinante en momentos inéditos.

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