Implicaciones legales de la pandemia

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Por: Dr. Luis Ernesto Salomón Delgado, catedrático e investigador de la UdeG

El COVID-19 ha resultado ser mucho más que una pandemia mortal. Ha provocado la mayor depresión económica en el mundo en un siglo y ha puesto a prueba a los sistemas de salud en todas las naciones, y también, en solo unos días, ha puesto en jaque a las instituciones internacionales. En todas las naciones se han planteado acciones que restringen los derechos de las personas y los sistemas de legalidad están sometidos a un estrés por la urgencia de tomar medidas eficaces.

La tensión entre el derecho y la acción política se ha manifestado al decretarse estados de emergencia, excepción, o en mecanismos extraordinarios como nuestro Consejo de Salubridad General, que es la autoridad para tomar medidas para controlar la enfermedad.

En el mundo se han limitado las actividades económicas, se ha restringido la libertad de tránsito, se entregan cantidades ingentes de recursos a personas y empresas para evitar daños perdurables en la economía. También se liberan presos conmutando penas. Los gobiernos hacen uso de facultades extraordinarias para intervenir en las industrias e impulsan la investigación para obtener una vacuna eficiente. Quizá el común denominador de todas las medidas emergentes es un crecimiento enorme del poder del Estado en un ambiente de miedo e incertidumbre. Esto estará bien en tanto sea una cuestión transitoria enfocada a resolver un problema sanitario. Pero puede convertirse en un problema mayor si las autoridades pretendieran mantener las condiciones de excepción por periodos amplios, en detrimento de la libertad de las personas, o si las medidas económicas trastocan los derechos fundamentales. La tentación de tomar decisiones para el aplauso del público sin suficientes fundamentos legales se ha manifestado en muchas naciones. Sin duda que las medidas restrictivas son necesarias, pero no hay que olvidar que las acciones públicas requieren un fundamento legal y una motivación que explique las razones por las que se actúa.

Las implicaciones legales son enormes también en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Muchas obligaciones pactadas no pueden y no podrán cumplirse y habrá que resolver quién carga con las consecuencias. Desde los acuerdos de suministro de las empresas, las relaciones laborales, el pago de arriendos o créditos bancarios están repentinamente sujetos a grandes incumplimientos. Y todo ello cuando en muchas naciones como la nuestra los tribunales no están activos sino para situaciones muy específicas.

Cuando los sistemas judiciales vuelvan a funcionar se habrán de enfrentar a una nueva realidad y tendrán la enorme responsabilidad de reconducir la vigencia de derechos y libertades ante la enorme presión política. No es difícil imaginar que muchas personas e instituciones exigirán en los tribunales los derechos que no puedan hacer efectivos por las vías ordinarias.

En situaciones excepcionales como las que vivimos el apego a la ley resulta especialmente importante para construir soluciones realmente sólidas. En el caso de nuestro país eso es aún más indispensable ante la crisis crónica de inseguridad y la debilidad de los servicios de justicia. Es hora de luchar por el derecho, como decía el jurista Karl V. Ihering al incitar a los jóvenes a mantener una actitud firme ante el autoritarismo.

La crisis provocada por una proteína incontrolada que se pasea por el mundo implicará la revisión de muchos conceptos jurídicos en los que seguramente habrá que luchar por defender los valores de la igualdad y la libertad, frente a la puerta falsa de la concentración de poder como solución a todos los problemas. Habrá que llamar a mantener los principios trascendentes por encima de las reglas operativas. Habrá seguramente una revisión de las instituciones internacionales y de los principios constitucionales que deben aplicarse en situaciones emergentes como esta. La emergencia justifica restricciones como una excepción a la regla, pero estas no deben ser extendidas injustificadamente. La vuelta a la normalidad supone la lucha por el derecho como garantía de la dignidad de la persona.

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