Con el visto bueno de los institucionales, Luisa María Alcalde Luján sentó en la mesa a los líderes de la disidencia magisterial para proponerles nuevas reglas aplicables a la elección de los 61 secretarios generales del SNTE.

A nombre del Gobierno de la República, la secretaria del Trabajo impulsa una adecuación al Estatuto de la organización gremial y al Reglamento de Elecciones aprobado hace 10 meses. Además de la armonización de esos ordenamientos con la última reforma laboral, en las elecciones internas del magisterio tendrán que respetar los anexos del T-MEC referentes a la libertad de asociación.

Alcalde Luján planteó ante los dirigentes de la CNTE el caso de la sección IX, donde se eligen una comisión ejecutiva cuyo mandato no expira, lo que –a la luz del nuevo acuerdo comercial– obstaculiza la participación democrática de los afiliados y limita el derecho de votar y ser votado.

Antes, la titular de la STPS hizo ver a la actual dirigencia nacional del SNTE, encabezada por Alfonso Cepeda que la reforma al Estatuto incumple con la democracia sindical y contravienen la Ley Federal del Trabajo. Y es que en noviembre pasado, se impuso a los aspirantes a ocupar un cargo en los ámbitos seccional y nacional en la estructura magisterial el requisito de haber desempeñado anteriormente un cargo de representación sindical.

La Cuarta Transformación quiere “elecciones ejemplares” para el magisterio, que debió suspender la renovación de un tercio de sus directivas seccionales –programadas para mayo pasado– por la contingencia sanitaria… y por promociones judiciales que esperan resolución definitiva. De acuerdo con las autoridades laborales, la reanudación de los procesos electivos pendientes y la convocatoria para los siguientes, podría realizarse en el primer trimestre del 2021.

La propuesta gubernamental busca garantizar la libre participación de los trabajadores para ejercer la libertad sindical para elegir a sus dirigentes y hacer prevalecer el principio de equidad, en la postulación de los candidatos. La organización de los comicios sindicales no sería encargada al Instituto Nacional Electoral, lo que dejaría a la dirigencia encabezada por Cepeda Salas esa responsabilidad, con todo lo que implica.

Y es que la STPS insiste en no limitar la participación de ningún agremiado, a través de la integración de un “padrón confiable” en el sindicato más grande de América Latina, con 1.6 millones de afiliados, y en la apertura del número suficiente de urnas y casillas que permitan el ejercicio del voto. El padrón de electores deberá actualizarse, publicarse tres días antes de la elección y ser entregado oportunamente a los funcionarios de casilla y los representantes de los candidatos.

Las boletas deberán estar firmadas y foliadas y los votantes tendrán que verificar su identidad, antes de emitir su voto en centros que además de estar ubicados en lugares accesibles a los trabajadores de la educación, deberán garantizar condiciones suficientes para que puedan sufragar de forma libre, pacífica, ágil y segura, sin que puedan ser coaccionados de forma alguna.

La propuesta de Alcalde Luján contiene instrucciones detalladas para las actividades que el SNTE deberá realizar previo a la jornada electoral, en la emisión de la convocatoria y en el registro de los candidatos, quienes podrán gozar de permisos para ausentarse de sus labores y realizar proselitismo.

El documento presentado por la STPS al SNTE subraya que se buscará inhibir actos de violencia con presencia discreta de seguridad pública en los actos de campaña de candidatos, quienes gozarán de un periodo amplio de registro, además de condiciones de transparencia y accesibilidad en el cumplimiento de su inscripción, que opcionalmente podrán realizar su registro de manera electrónica.

La nueva legislación laboral, sin distingos, obliga a la elección de las directivas sindicales mediante voto personal, libre, directo y secreto de los afiliados. Los trabajadores de la educación, como el resto de los empleados de los Poderes de la Unión, del gobierno de la CDMX y de las dependencias y entidades de la administración pública federal (con excepción de los efectivos de las Fuerzas Federales y los miembros del Servicio Exterior), están sujetos al apartado B del artículo 123.

La ley reglamentaria de ese texto constitucional establece que las organizaciones sindicales deben notificar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje sobre la convocatoria a elecciones, con 15 días de anticipación. Pero la reforma laboral contempla la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el registro de los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo, a nivel local y federal. El Senado de la República designó al exsubsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo, como nuevo titular de este organismo descentralizado autónomo, que entrará en funciones dentro de dos semanas y presuntamente deberá conducir la renovación de las directivas sindicales.

Por: Alberto Aguirre y foto especial

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