Ciudad de México a 02 de agosto de 2021

LIC. LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

MTRA. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

A LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN:

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

La educación en México está en el debate público, el tema del regreso a clases presenciales para este nuevo ciclo escolar 2021-2022. Se ha tornado más complejo de lo esperado, principalmente por la persistencia e incremento de la pandemia del COVID-19, la falta de vacunación en niños y adolescentes, y, a las escasas condiciones sanitarias y de infraestructura que persisten en las escuelas publicas y sus comunidades escolares, sin duda que nos demandan la libertad para que cada colectivo escolar reorganice su propio programa de trabajo, para atender lo que la autoridad educativa establezca como criterios generales, adecuándolas a las necesidades y condiciones propias. Lo decimos una vez más, tenemos toda la disposición y el compromiso de atender a nuestros estudiantes, cuando existan las mejores condiciones para un retorno seguro para todos. De otra forma todo será imposición. Como a la que seguimos sometidos los trabajadores de la educación por la ilegalidad en que han incurrido los pseudo dirigentes gremiales, construida a partir del afán de control de las autoridades políticas, recurriendo a esquemas ilegítimos que ahora son evidentemente inviables.

Por otro lado los trabajadores de la educación afiliados al SNTE, no gozan del derecho a ejercer la libertad sindical tal y como lo establecen las leyes y los tratados internacionales. Las prácticas corporativas que nos sujetan a un sistema que viola flagrantemente sus derechos se manifiesta en:

  1. La práctica persistente de obligar a los trabajadores a afiliarse a un sindicato cuando son contratados por la autoridades educativas, u obligarlos a que sigan siendo parte del mismo cuando ya son trabajadores en activo. En abierta violación a la libertad de afiliación.
  2. El descuento de las cuotas sindicales sin consentimiento del trabajador, restringiendo ilegítimamente su libertad, incautando sus recursos de forma recurrente y pasando por encima de la mas elemental dignidad personal.
  3. El mantenimiento de las prácticas corporativas al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, y otros sindicatos análogos, que contravienen la ley y los tratados internacionales suscritos por México con la Organización Internacional del Trabajo y que, entre otras, consisten en:
  4. La ilegal aplicación de los estatutos sindicales violatorios de la ley. A pesar de las reformas legales y las declaraciones públicas políticas los hechos son claros: las normas vigentes establecen la obligación de los sindicatos de modificar sus estatutos para garantizar la celebración de elecciones de dirigentes mediante el voto libre, secreto, directo y universal. Para que los trabajadores participen en la negociación colectiva, y para armonizarlos con las leyes vigentes. La modificación estatutaria debe ser aprobada mediante el voto libre, universal y directo de los trabajadores y no mediante delegados. En la práctica esto no ha sucedido violando no solo la ley, sino los derechos fundamentales de los trabajadores,
  5. La expedición de supuestos reglamentos para elecciones, por parte del SNTE, que vulneran los derechos de los trabajadores pretendiendo establecer normas y procedimientos ilegales; porque se pretende llevar a cabo un proceso electivo en donde, los pseudo dirigentes actuales administran discrecionalmente los recursos sindicales, lo que favorece a sus intereses, por lo que no se establecen normas para que los trabajadores que libremente quieran postularse, dispongan de ellos para competir, y aun más grave, establece mecanismos restrictivos para la libre participación mediante procesos de calificación previa de atributos y cualidades.
  6. La expedición de supuestas convocatorias para elecciones en secciones del SNTE, vulneran los derechos de los trabajadores pretendiendo establecer normas y procedimientos ilegales, primero, porque no se han modificado los estatutos, como ya se dijo, y segundo, porque es claramente violatorio de derechos fundamentales al señalar que los órganos de la actual dirigencia podrá actuar como juez y parte en el proceso electivo.
  7. La retención de cuotas sindicales sin consentimiento expreso de los trabajadores; el uso de estos recursos de forma discrecional por el SNTE, la falta de rendición de cuentas pormenorizada y ahora, el uso faccioso de los mismos para favorecer a los candidatos propuestos por la actual dirigencia, lo que produce una evidente inequidad en los procesos.
  8. La suscripción de documentos y acuerdos pretendiendo representar a los trabajadores, cuando su calidad está viciada por la falta de modificación a los estatutos sindicales mediante el voto directo, libre y universal de los trabajadores.
  9. La actuación de las autoridades en materia de trabajo, que conforme a evidencias publicadas, mantiene una actitud que parece avalar la celebración de elecciones en las secciones sindicales, emitiendo criterios que confunden a los trabajadores.
  10. La práctica de los dirigentes sindicales de atemorizar y amenazar a los trabajadores que se manifiestan en favor de defender sus derechos y exigen los cambios indispensables para hacer una realidad la práctica de la libertad sindical en México.
  11. La realidad indica que en la mayor parte del país las autoridades educativas están en contubernio con los supuestos dirigentes sindicales en el control de los aparatos educativos, con prácticas en las que se gestionan privilegios a cambio de lealtades gremiales, políticas y electorales.

Por todo lo expuesto, Maestros Comprometidos Por México, como una organización creada en los términos de la legislación civil, seguirá denunciado las injusticias e ilegalidades que se presentan en uno de los sectores más importantes para el fomento de la conciencia social, la libertad y la práctica de la auténtica democracia en México. Actuará en defensa de los derechos de los trabajadores de forma decidida y respetuosa de la ley y la autoridad.

Exigimos la plena aplicación de la ley en los términos del mayor respeto a los derechos interpretados en el sentido más generoso, y el compromiso público de las autoridades  laborales y educativas para evitar las simulaciones que atentan contra la dignidad y ofenden la inteligencia de las personas razonables 

Por la Educación al Servicio del Pueblo

La Coordinación Nacional

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